El pasado 10 de enero, la compañía anunció su salida del país a través de un comunicado. En cumplimiento del fallo emitido el 20 de diciembre por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Uber afirmó que su app dejaría de funcionar a partir del 1ro de febrero del año en curso.
No obstante, la empresa apeló inmediatamente al fallo de la superintendencia, calificándolo como una decisión arbitraria que habría violado el debido proceso y los derechos de la constitución. Así pues, se dispone a defender legalmente los derechos de 88.000 socios conductores y 2 millones de usuarios que lamentarán su salida del país.
El gobierno afirma que no está en contra del desarrollo tecnológico ni de los emprendimientos de este tipo. Sin embargo, el Ministerio de Transporte argumenta que por el momento las leyes del país prohíben que un vehículo privado preste servicios públicos de transporte, ya que esto pondría en riesgo la vida y la seguridad de los usuarios.
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Adicionalmente a la apelación del fallo, Uber presentó una carta dirigida directamente al presidente de la república, Iván Duque, advirtiéndole que denunciaría la violación del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Por medio de este y más recursos la empresa hace todo lo que puede para que se le permita seguir operando en el país.
Por su parte, Uber reclama que se emita un decreto que permita su funcionamiento mientras que se actualizan las leyes que lo impiden. De esta forma espera que los 88.000 socios conductores y sus 2 millones de usuarios puedan volver a hacer uso de la plataforma.
Hay quienes consideran que la salida de Uber del país es tan sólo una estrategia para negociar con el gobierno, pero hay que recordar que no es el único lugar del mundo donde la plataforma ha enfrentado problemas de este tipo. La app ha tenido que dejar de funcionar en lugares como Cataluña, Bulgaria, Hungría, Australia, Dinamarca y ha tenido que implementar regulaciones en ciudades como Nueva York y California.
