29 de enero de 2020 – El Espacio de Cooperación para la Paz, una iniciativa promovida por 29 organizaciones que trabajan para construir una paz estable y duradera en Colombia, de la que la Federación Luterana Mundial (FLM) es miembro, expresó su profunda preocupación por la escalada del conflicto armado en Colombia, que ha causado la muerte de 23 personas desde principios de 2020.
Esta grave situación humanitaria, dice la asociación, pone en alto riesgo la sostenibilidad del proceso de paz en Colombia.
En el texto se dan cifras alarmantes: el desplazamiento de casi 4.000 personas debido a incursiones de actores armados ilegales en los municipios de Tumaco (departamento de Nariño), Nuquí (departamento de Chocó) y Tarazá (departamento de Antioquia), y la masacre de Jamundí (departamento del Valle del Cauca) que causó la muerte de al menos cinco personas el 11 de enero.
Las asociaciones que forman parte del Espacio de Cooperación para la Paz piden “al gobierno colombiano que tome medidas efectivas que vayan más allá de la protección individual de los amenazados o de la militarización de los territorios”, para implementar el acuerdo de paz de manera integral y acoger la propuesta de política pública para el “desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” presentada por las organizaciones de derechos humanos en la Comisión de Seguridad Nacional, que ha sido aprobada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas”.
En el llamamiento también se pide a la comunidad internacional que “acompañe a las comunidades y a los defensores de los derechos humanos y apoye la invitación al Asesor Especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, para que visite Colombia con carácter urgente”.
“Como organizaciones internacionales de la sociedad civil reafirmamos nuestra solidaridad con las familias y comunidades afectadas por estos crímenes y nuestro compromiso con una solución política al conflicto armado, instando a los actores armados legales y no legales a respetar la vida de la población civil y a respetar sus derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario” concluyen.
