El entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por promover y
El acuerdo se firmó en La Habana y se celebró en noviembre de 2016 en Bogotá. Santos estaba cerca del final de su segundo mandato y, según la Constitución, no podía ser reelegido.
Su sucesor, Ivan Duque, que asumió el cargo en agosto de 2018, hizo campaña a favor de unas elecciones en las que prometía desmantelar ese acuerdo de paz. Como es bien sabido, una gran parte de los colombianos que habían pagado los años
La política del nuevo Presidente.
A pesar de las intenciones de Duque, un fallo del Tribunal Constitucional le impidió cancelar el tratado firmado por el Estado y le obligó a aplicarlo. El camino elegido por el nuevo presidente fue, en su momento, hacer todo lo posible por vaciarlo desde dentro, a pesar de las críticas de las organizaciones internacionales y las asociaciones de derechos humanos.
¿Y ahora Colombia? Más de 200.000 en la plaza protestando, las autoridades piden calma.
En el acuerdo se incluyeron varios puntos clave:
– sin ser juzgados, la reintegración en la sociedad de todos
– la transformación de las FARC en un partido político con la garantía de obtener un cierto número de puestos en el parlamento; una reforma rural con la asignación de tierras estatales a los agricultores;
– el fomento de la sustitución de los cultivos de coca por cultivos lícitos; el abandono de todas las formas de tráfico de drogas por parte de los antiguos guerrilleros; la creación de un órgano de verificación y aplicación del propio acuerdo.
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Las acciones de Duque tenían como objetivo recortar cada vez más los fondos estatales destinados a la consecución de los objetivos fijados y el primer paso fue reducir el presupuesto para financiar la sustitución de los cultivos ilegales.
Al mismo tiempo, decidió reducir el fondo para la “Jurisdicción Especial para la Paz” en un 30% (una intervención del Consejo de Seguridad de la ONU le obligó a refinanciarlo como estaba previsto). Además, redujo los fondos asignados a la “Comisión de la Verdad” en un 50%.
A fin de continuar la lucha contra los cultivos de coca, hizo que se fumigaran de nuevo los campos, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud había identificado el glifosato, comúnmente considerado cancerígeno, en el producto utilizado.
Las consecuencias negativas
Lamentablemente, el incumplimiento del acuerdo firmado en su momento trae consigo muchos otros factores negativos. En
El problema no se limitó a los aspectos estrictamente económicos porque incluso la sangre ha empezado a fluir de nuevo. Entre noviembre de 2016 y diciembre de 2019, 486 activistas sociales fueron asesinados y entre ellos, según la misión de verificación de la ONU, 158 eran ex guerrilleros, probablemente asesinados por venganza. En los 52 años de conflicto, unas 200.000 personas fueron asesinadas en Colombia y 8 millones se vieron obligadas a abandonar sus hogares o a sufrir otro tipo de abusos.
En un clima de incertidumbre, como el que tenemos hoy en Colombia, hay muchos ex guerrilleros que han anunciado su deseo de volver a la lucha armada. No hay que olvidar que no todos habían dejado las armas y algunos se habían unido a grupos puramente criminales o al otro grupo político: el ELN. Es una organización marxista-religiosa que algunos consideran aún más violenta y sin escrúpulos que las FARC.
No es un país para agricultores: Colombia
Ya sea por la delincuencia o por el renacimiento de la violencia política, todavía hay muchos ciudadanos comunes que no pueden volver a cultivar sus tierras, a hacer negocios o, en