La gran sabana Venezolana y el pueblo Ikabarú piden ayuda.

Todos los hombres vestidos de negro y con pistolas de hombro, algunos con la cara cubierta. De repente comenzaron a disparar contra la comunidad de Ikabarú, en el municipio de la Gran Sabana venezolana, no lejos de la frontera con Brasil. Nueve personas fueron asesinadas, entre ellas un muchacho de 17 años y un miembro de la Guardia Nacional. La masacre –la tercera en menos de un año, denunció el vicario apostólico del Caroní, Felipe González– se llevó a cabo el viernes, pero sólo ahora tiene noticias de la Amazonía venezolana para circular internacionalmente.

Dónde y qué está pasando. “Fue una masacre indiscriminada. Quieren aterrorizarnos”, denuncian los 2.500 habitantes de Ikabarú que denuncian la presión sobre la zona, reconocida legalmente como reserva indígena. Ikabarú, sin embargo, se encuentra en el llamado “Arco Mineral“, una zona rica en oro y otros metales preciosos. Desde 2016, el gobierno de Maduro lo ha definido como un “área de desarrollo estratégico nacional” y ha autorizado la extracción. Pero más de tres años después del inicio del proyecto, todavía no existe un mapa completo de las concesiones otorgadas, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de la iniciativa, la crítica legítima.

Camimpeng’ y las fuerzas armadas. La única presencia estatal en la zona es Camimpeng, un cuerpo administrado por las fuerzas armadas. En el territorio no hay empresas, sino varios grupos armados – los llamados “sindicatos” – que, sobre la base de una concesión desconocida, reclutan mano de obra e imponen las diferentes fases del proceso de investigación del oro. “Todo bajo la mirada indiferente de los militares. Y contra los “sindicatos” los habitantes de Ikabarú señalan con el dedo para defender su histórica extracción de oro practicada a escala artesanal por la comunidad.

¿Bandas armadas de quién y para quién? La iglesia venezolana levanta la voz, denuncia a la organización de derechos humanos Provea. ¿De repente distraído por esas partes? “Inusual (eufemismo para decir fuertemente sospechoso) que ni los militares ni los servicios de seguridad presentes en la zona hayan intervenido para impedir que las bandas armadas gobernaran”. Pidió una investigación para verificar las posibles responsabilidades y connivencias. “Las autoridades deben resolver estos casos con respeto a la justicia, sin encontrar chivos expiatorios cómodos”, dice el obispo González en una carta abierta.

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