Nicaragua cierra dos universidades ligadas a la Iglesia Católica.
Nicaragua cierra dos universidades ligadas a la Iglesia Católica
El martes 7 de marzo de 2023, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua anunció la cancelación de la personería jurídica de dos universidades vinculadas a la Iglesia Católica. La Universidad Juan Pablo II, con sede en Managua y otras cuatro ciudades, y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), con sede en León y otras cinco ciudades.
¿Por qué Nicaragua cierra dos universidades ligadas a la Iglesia Católica?
Según la resolución firmada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, ambas universidades “han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro” del Ministerio. Esto viola las leyes que rigen a las organizaciones sin fines de lucro.
Consecuencias del cierre
El alumnado de ambas instituciones será integrado en otras universidades y sus bienes serán traspasados al Estado, según el reglamento de la Ley 1115 sobre organismos sin fines de lucro. Las autoridades de las dos universidades tendrán que entregar al Consejo Nacional de Universidades (CNU) toda la “información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones (Registro Académico)”.
Contexto político
Esta medida se suma a otras acciones del gobierno izquierdista de Daniel Ortega, que han provocado el aislamiento internacional. El día anterior, el 6 de marzo, el Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de 18 asociaciones empresariales. Dentro de ellas, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Estas decisiones han generado preocupación en la comunidad internacional y en los defensores de los derechos humanos.
Conclusiones
La cancelación de la personería jurídica de las dos universidades ligadas a la Iglesia Católica es una medida preocupante que afecta la educación y el futuro de los jóvenes nicaragüenses. La comunidad internacional debe seguir de cerca esta situación y tomar medidas para proteger los derechos de los ciudadanos y la libertad académica.
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